EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS ACUSA A ROCHA MOYA Y OTROS NUEVE FUNCIONARIOS POR TENER VÍNCULOS CON EL CÁRTEL DE SINALOA
La acusación fue presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y dada a conocer por el fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.
Estados Unidos.- 29 de Abril de 2026 El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este miércoles una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve actuales y exfuncionarios de esa entidad, señalados de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos, respaldo político y protección institucional.
La acusación fue presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y dada a conocer por el fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole.
Además de Rocha Moya, entre los imputados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; exmandos policiacos estatales y municipales, así como exfuncionarios de seguridad y procuración de justicia en Sinaloa.
Según el expediente judicial, los acusados habrían integrado una red de corrupción que permitió al Cártel de Sinaloa importar “cantidades masivas” de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
Por su parte, la fiscalía estadounidense sostuvo que los funcionarios habrían utilizado sus cargos para proteger a integrantes del grupo criminal, filtrar información sensible sobre operativos, facilitar rutas de trasiego y permitir actos de violencia sin consecuencias legales.
Uno de los señalamientos contra Rocha Moya, es que habría llegado a la gubernatura en 2021 con apoyo de la facción de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes presuntamente intimidaron y secuestraron a rivales políticos para favorecer su elección.
A cambio, sostuvo la acusación, el mandatario estatal habría sostenido reuniones con líderes criminales y prometido brindarles protección para mantener sus operaciones en Sinaloa.
El documento también señaló al actual subprocurador del estado, Dámaso Castro Zaavedra, de recibir pagos mensuales cercanos a 11,000 dólares para alertar al cártel sobre operativos respaldados por Estados Unidos y evitar detenciones.
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