Culiacán, Sinaloa.- 25 de Julio de 2025 Este viernes 25 de julio se cumple un año de dos hechos clave que sacudieron la estabilidad de Sinaloa y marcaron el inicio de una nueva etapa de violencia en el estado: la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Ambos acontecimientos, ocurridos el mismo día y en el mismo lugar —una finca ubicada en el sector Huertos del Pedregal, en Culiacán—, provocaron la ruptura definitiva dentro del Cártel de Sinaloa, enfrentando a las facciones de Los Chapitos y La Mayiza en una guerra que no ha cesado.
La caída del capo y la ejecución del político
El 25 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que “El Mayo” Zambada fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, y trasladado en una aeronave a Estados Unidos, donde fue detenido por autoridades federales.
En ese mismo sitio —según información posterior y una carta atribuida al propio “Mayo”— fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense. La carta señala que Cuén fue convocado a esta reunión para resolver diferencias entre los líderes políticos.
El documento también menciona que a esa misma reunión habría sido citado el gobernador Rubén Rocha Moya, versión que fue desmentida públicamente por el propio mandatario.
Investigaciones con versiones encontradas
Inicialmente, la entonces Fiscalía del Estado aseguró que Cuén había sido asesinado en una gasolinera en la salida norte de Culiacán. Sin embargo, esta línea fue descartada por la FGR, que confirmó que el crimen ocurrió en la misma finca donde fue capturado Zambada.
El manejo errático del caso provocó la renuncia de la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada.
Hoy, a un año de los hechos, el asesinato de Cuén sigue sin resolverse. La Fiscalía General de la República mantiene el expediente bajo sigilo, mientras crecen los reclamos ciudadanos.
Organismos como Iniciativa Sinaloa han exigido avances reales en la investigación.
“No ha habido justicia ni verdad. La renuncia de una fiscal no representa una solución. A un año, las autoridades nos siguen debiendo respuestas”, expresó Marlene León, presidenta del organismo.
Saldo rojo: Meses de sangre y miedo
La fractura del cártel detonó una ola de violencia que ha dejado, en solo 10 meses, más de 1,700 homicidios dolosos, más de 1,400 personas desaparecidas y 44 policías asesinados, de acuerdo con estimaciones extraoficiales.
Civiles inocentes, incluyendo niños y mujeres, han sido alcanzados por el fuego cruzado en diversos enfrentamientos armados ocurridos en plena vía pública.
El secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, reconoció la gravedad de la situación, la cual no está superada.
“No está superada. Hemos registrado picos de violencia importantes, particularmente en junio. No podemos cerrar los ojos ante la realidad”, declaró recientemente.
Crisis económica y social
Además de la pérdida de vidas, el conflicto ha provocado un impacto económico devastador. Se calculan pérdidas por más de 30 mil millones de pesos, y el cierre de más de 10 mil negocios tan solo en la capital sinaloense.
“Hay comerciantes despojados de sus unidades, negocios cerrados, zonas colapsadas. La inseguridad ha paralizado la actividad económica en muchas partes de Culiacán”, denunció Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios del Centro.
La percepción ciudadana: miedo y desconfianza
Según la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Culiacán es hoy la ciudad con mayor percepción de inseguridad en todo México, con un 90.8% de los habitantes que se sienten inseguros en su entorno cotidiano.
“Vivimos con miedo. No sabemos si vamos a regresar con vida a casa”, comenta Rosa, una habitante de Culiacán.
Refuerzo militar… pero sin resultados contundentes
Como parte de la estrategia de contención, en los últimos días llegaron a Culiacán mil 800 elementos del Ejército Mexicano, que se suman a más de 14 mil efectivos federales desplegados en Sinaloa desde julio de 2024.
A esto se agrega el arribo de 400 marinos para reforzar la seguridad en Navolato y Elota, y la construcción de una base naval en el puerto de Altata, anunciada por el gobernador Rocha Moya.
Pese al esfuerzo logístico y militar, la violencia continúa.
Un año después, Sinaloa sigue esperando respuestas, justicia y una estrategia efectiva que le devuelva la paz.